El Gobierno considera que por la paz deben sacrificarlo todo y que los problemas que surjan en la política futura se pueden solventar, sin importarle trastornar la estructura del Estado. Situación que se torna dramática al anunciar el Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. La izquierda internacional ha tenido un gran influjo entre los jurados del Nobel, desde cuándo Pablo Neruda y Fidel Castro, movilizan sus influencias a favor de Gabriel García Márquez. Así, como formaron un bloque para impedir a toda costa que le diesen el galardón a José Luís Borges. El político colombiano en la finalidad de honrar el Nobel, lo mismo que los de las Farc para sacar ventajas, extreman la presión por el acuerdo. Colombia, un país cuyas Fuerzas Armadas habían sacrificado todo por defender la Patria, el orden y la sociedad, cuyos héroes habían resistido por más de cincuenta años a los violentos, cuando los tenía acorralados mediante los bombardeos, renuncia a la victoria militar. En ese lapso, la diplomacia de las Farc obtiene lo que en otro tiempo no había ni soñado, trastornar la estructura del Estado colombiano.
Los negociadores de las Farc apelaron a la inteligencia marxista de Antonio Gramsci, quien plantea la importancia de tomarse los medios culturales y judiciales, puesto que la gran política atañe a las cuestiones vinculadas con la creación de nuevos Estados, sea en lucha por la destrucción o defensa de determinadas estructuras económico-sociales. La pequeña política se refiere a los problemas de la mecánica que atañen a la cotidianidad de las ocurrencias estatales. Para Antonio Gramsci: “El Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados”. Es bajo dicha consigna que los negociadores de las Farc insisten en desconocer las instituciones tradicionales y exigir la creación del Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP). Como no creen ni confían en los tribunales de la justicia colombiana, en los que fueron condenados en ausencia varias veces, los que consideran vendidos al gran capital y los intereses de la burguesía, por cuanto sostienen que la clase dirigentes maneja a su acomodo a los jueces, sin contar los casos de corrupción, como por considerar que no fueron vencidos en combate, exigen el indulto y no pagar ni un día de cárcel.
El ganar la negociación contra el sistema y conseguir por medio de la misma lo que no habían alcanzado por las armas, es preciso como remate de la partida de ajedrez de esa gesta diplomática modificar la estructura del Estado, lo que apenas principian a sospechar los áulicos y diplomáticos que intervinieron en La Habana, y que se confirma con la reforma electoral que les entrega a los agentes de las Farc el manejo de las elecciones y los tribunales que se crean para consolidar su poder, fuera de las curules que les regalan en el Congreso.
Los políticos de la mecánica política del conservatismo salen a apoyar el Sí en el Plebiscito, en tanto el pueblo conservador, que es superior a sus dirigentes untados de mermelada, vota por el No. La razón para ir a un Plebiscito en democracia es la de auscultar la opinión pública, para conocer donde está la mayoría nacional, puesto que los anteriores resultados de los comicios presidenciales y de los cuerpos colegiados, no responden a la realidad del momento político. El resultado consolida una mayoría por el No y el Gobierno se debilita aún más. Los legos en Derecho Constitucional saben que los votos de la oposición como los del Gobierno, en conjunto, constituyen la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Santos, atrapado en sus contradicciones y en la telaraña de la diplomacia de las Farc, cae en la ilegitimidad y desconoce la voluntad de las mayorías expresada en las urnas. La coalición gobiernista del Congreso que había sido derrotada estruendosamente por el No, acompaña en la ilegitimidad al gobernante y avanzan mediante el fast track, al despeñadero de un modelo Bonapartista o dictatorial en el cual el Ejecutivo usurpa en la práctica los poderes del Congreso. En tanto se modifica la estructura del Estado.
El Régimen, que denunció tantas veces y con tanta elocuencia Álvaro Gómez, entra en contubernio con los negociadores de las Farc y descalabra el sistema. Yo me pregunto: ¿Cuál democracia o equilibrio de poderes puede subsistir en Colombia cuando la justicia y lo electoral quedan en manos de agentes o títeres de las Farc? Hasta el general Augusto Pinochet, en 1988, respeta el resultado adverso en las urnas y renuncia al poder.