Estamos viviendo entre el orden constitucional y democrático, bajo el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, quien mantiene una poderosa alianza clientelista con los dos partidos tradicionales, mediante el sistema de cuotas burocráticas y repartición de los beneficios oficiales. Esto se parece cada día más a la contracara del régimen, que, como decía el estadista Álvaro Gómez, no da la cara, ni muestra un jefe visible. Más en este caso vemos que las fuerzas de la antigua subversión del M-19 integradas a la paz, que estuvieron en sus tiempos de lucha    en alianza con otros gestores del caos y la violencia, hoy con uno de sus antiguos jefes de gobernante se aprestan a buscar la paz total. 

Esa ilusión de conseguir la paz total cautivó al gran público y es atractiva para todos. Inicialmente me pareció positiva la idea, en cuanto en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el primero hizo un esfuerzo pacifista inmenso en el cual más de 30.000 paramilitares dejaron las armas. Como el jefe de las Farc, que tenía el compromiso del desarme y negociar, tan pronto las dejaran los paras, no lo hizo. Por astucia y obvias razones, Juan Manuel Santos, quien se había mostrado como ministro de Defensa de Uribe, implacable con las Farc y lo demostró con la operación Fénix en el bombardeo al campamento en Ecuador, lo que lo catapulta a consolidar el poder, y como presidente promueve la paz con esa guerrilla.

Así que parecía positivo que con Petro en el gobierno se intentara hacerla con todos los grupos supérstites de la violencia.  Más lo que estamos viendo es que el clima de violencia se torna tormentoso y desafiante en gran parte del territorio nacional, en algunos casos impulsado por la palabrería de algunos funcionarios oficiales, como por la cautela, la pasividad y en ocasiones la frustración de los militares, supeditados a órdenes oficiales que les impiden enfrentar a los violentos. Esta situación es gravísima por cuanto a los soldados les compete defender el orden y el imperio de la ley, así como la soberanía nacional.

A su vez, como desde la cúpula oficial el gobernante convoca al pueblo a levantarse, los sectores más radicales y violentos, atentan con furia contra las autoridades o los símbolos de poder, así como contra la empresa privada, en tanto se triplican los asaltos a las fincas, las extorsiones, así como toda suerte de atentados, incluso contra policías y soldados, siendo asesinados varios uniformados. Fuera de que se lanzan toda clase de mansajes negativos contra la explotación petrolera, la contratación y la seguridad jurídica, ya tenemos la invasión y el incendio a la compañía china del sector en plena selva. Ese es un mensaje negativo y pernicioso a los inversionistas extranjeros que no ven garantías en Colombia. Tampoco se sabe que pasara con los culpables de esos atentados, si las autoridades van a actuar o lo dejaran todo en la impunidad.

Algunos hacen chistes con la invitación del gobernante al pueblo para que se levante, comentan que, en una carretera recién inaugurada por él, se levantó el asfalto al primer aguacero, como una muestra de la corrupción galopante que sigue en el país, no del poder de su verbo. En cualquier caso, en un país ‘en llamas’, convocar al pueblo para que se levante es demagógico, peligroso y puede traducirse en una alucinante incitación a la violencia, dado que esos mensajes los interpreta cada grupo violento a su manera. Esto es lo más preocupante en esta expansión de la barbarie que se vive en el país. 

Así que el lenguaje presidencial camorrista y agresivo, no ayuda a la paz total. Lo mismo que la rebaja de los fondos a los militares los debilita. Me dicen que en algunas guarniciones no tienen combustible para perseguir a los violentos. Pareciera que rebajar los fondos de los militares es una medida que suelen ensayar sus detractores cuando pretenden perturbar su acción y forzarlos a la pasividad. En otros países, donde no tienen los desafíos de los violentos que padece Colombia, ha sido la fórmula para reducir el tamaño y el poder de los ejércitos. Hacer lo mismo en Colombia, donde en el 70% del territorio no se ejerce soberanía nacional, es demencial.