Nuestra democracia se marchita en la medida que los problemas políticos y sociales fundamentales no se resuelven; seguimos con la violencia endémica más larga de todos los países de nuestra región. En Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela derrotaron militarmente a la subversión castrista, menos en Colombia.

Elegimos a Álvaro Uribe para derrotar militarmente a las Farc, objetivo que buscó con valor y pasión en sus dos gobiernos. El afán de lograr la paz llevó a una temprana negociación para que los paramilitares hicieran lo mismo, con la esperanza de que las Farc, siguiesen el ejemplo.  Todo parece indicar que la combinación de fuerzas entre los civiles armados y el ejército regular tenía contra las cuerdas a “Tirofijo”. Por lo que, en vez de entregar las armas siguiendo el ejemplo de las autodefensas, sintió un respiro y oteó un horizonte favorable para seguir en el monte y en sus “negocios”. Expertos estrategas sostienen que al retirarse del escenario bélico antes de tiempo, las autodefensas prolongaron, sin proponérselo, la vida de las Farc, que estaban por sucumbir. Además, en una guerra tan larga y de más de medio siglo, el campesino dejó de creer en la fuerza del Estado como garante del orden. Así, como en algunas regiones se cayó en la tentación de servir indistintamente a los grupos armados para ganar unos pesos como raspachines y sobrevivir.

Por Juan Manuel Santos se votó para seguir la presión contra los subversivos. Por un tiempo desplegó la acción militar, que le sirvió para presionar la negociación de paz. En su segundo mandato y, en La Habana, por delegación de las Cortes, del Congreso, del Ejecutivo y de las denominadas fuerzas vivas se deriva en la práctica en otra constitución. El expresidente Juan Manuel Santos, en la biblioteca de libros sobre el proceso de paz de su gobierno (tomo 1) sostiene que “es el proceso definitivo que llevó a las Farc a dejar las armas”. Otro espejismo: no dejaron todos las armas y buena parte de sus jefes y milicianos se pasaron antes y después a otros movimientos o forman parte de las disidencias que siguen en el monte.

En esa legislación habanera, como lo recuerda el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, se garantiza la no extradición. Así que Colombia, fuera de ser uno de los países con más cortes del mundo, donde sigue el conflicto armado, tenemos una legislación que favorece en forma desvergonzada a los que por tantos años confrontaron a sangre y fuego el sistema.  Y lo explica en su escrito dominical de El Tiempo: “Como en esa época no existía un marco legal que facilitara el sometimiento  a la justicia de los grupos al margen de la ley, en la segunda versión del acuerdo de paz se dispuso que el gobierno debía tramitar un proyecto de ley que promoviera el “acogimiento” a la justicia (como llamaban los urabeños al sometimiento) mediante el procedimiento  legislativo especial para la paz (punto 3.4.13) Lo curioso es que este tema nunca fue motivo de discordia con los voceros del “NO”.

Sigue el jurista Martínez Neira: se tramitó en el Congreso que da lugar a la expedición de la Ley 1908 de 2018, donde se deriva en un procedimiento en donde el elemento armado se entrega al gobierno y luego la justicia judicializaba. 

Tema que se incluyó en el proceso de ley estatutaria de la JEP. Una disposición (artículo 153) de origen desconocido, dice el jurista, según la cual las personas pedidas por otros países no podían ser extraditadas, mientras estuvieran ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” Para Martínez, se atenta con la cooperación internacional de la justicia, en lo que le sobra razón. Más en aras de la alta política nacional y de una paz efectiva, ese precepto se ha debido establecer también públicamente y de manera bifronte con las autodefensas, las que de saber que los extraditarían seguramente no se abrían entregado.

Nota: Mientras en casi todos los partidos y movimientos avanzan democráticamente las consultas o primarias presidenciales, el Partido Conservador viola los estatutos y señala a dedo “candidato único” y el liberalismo tardíamente deshoja la margarita.