Colombia está viviendo las consecuencias de la derrota diplomática que el gobierno y la sociedad sufrieron en La Habana, al pactar una paz mal  negociada en determinados aspectos. Es verdad que el presidente Juan Manuel Santos recibió el premio Nobel por los  “esfuerzos”, que hizo por la paz. Lo que no significa que la misma se haya concretado. Algo similar pasó con el premio Nobel que le dieron a Barack Obama, por manifestar el anhelo de conseguir la  paz entre Israel y Palestina. Agradeció el premio y disertó sobre su voluntad política de intervenir por la paz en Israel y el mundo, lo que no se pudo concretar como era su deseo.  Con el tiempo varios de los conflictos se intensificaron en vez de apagarse. Obama enfrentó graves situaciones de conflicto armado en el Medio Oriente, cuando se equivocó en calibrar las protestas populares y apostó a derribar varios gobiernos que eran fieles a los Estados Unidos. Lo que se denominó como la Primavera Árabe, que finalmente se convirtió en una guerra generalizada por cuenta de ISIS y los sectores islámicos guerreristas.

En Colombia los factores que determinan el conflicto armado en algunas regiones se intensifican. Aumentan de manera progresiva y alarmante los cultivos ilícitos en las zonas antes controladas por las Farc armadas, ahora por la Farc, como ente político. La explotación ilegal de la minería en las zonas de la periferia se intensifica, causando irreparable daño ecológico y engrosando los fondos de la violencia. En dichas zonas las víctimas, es decir la población civil, siguen siendo víctimas, las Farc controlan la zona. La fórmula de crear allí unas circunscripciones de paz que tendrían 16 representantes al Congreso, no es más que un eufemismo para seguir entregando por cuotas el poder legislativo a las Farc.

La pretensión de los dirigentes desmovilizados de alcanzar casi de inmediato el poder es una burla del sistema legal colombiano. Las gentes del común se sienten engañadas y no entienden que aquellos que desafiaron la ley durante medio siglo, que resolvieron disparar contra la autoridad y atentar contra la sociedad civil al ejercer el terrorismo indiscriminado, ahora pretendan que la misma sociedad les entregue parte del Poder Legislativo. Por supuesto, que en las negociaciones de paz se puede dar el indulto y diversos tipos de perdón y olvido, sin meter en el mismo costal los delitos de lesa humanidad. Eso se entiende. Más deben darse unas penas mínimas. Lo que preocupa es que al generar tal grado de impunidad, el mal ejemplo cunda y mañana, otros alzados en armas o los mismos que hoy siguen secuestrando y atentando contra civiles y militares. Eso es posible en cuanto en las zonas de la periferia del país, la falta de infraestructura, de desarrollo, de trabajo legal bien remunerado, de seguridad y de posibilidades de convivencia pacífica, no existen.

Todavía no está claro si en Colombia tendremos una violencia similar a la que se da en El Salvador y otros países, tras los acuerdos de paz. En particular, cuando se conforman las bandas armadas de aquellos combatientes que no se insertan en el proceso de paz y degeneran en pandillas de delincuentes, que empuñan el fusil y siguen haciendo lo  que saben: ejercer la violencia sobre los más débiles y proseguir con los negocios ilícitos, que se incrementan en cuanto se multiplican los excesos de los violentos agrupados en microempresas al servicio del crimen. Esa ha sido la peor plaga que deben sufrir los países que han sufrido la tragedia de la violencia subversiva.

En el caso colombiano las noticias sobre las actuaciones de grupos armados que pertenecieron a las Farc y que siguen ejerciendo la violencia se agravan, en cuanto informes fidedignos dan cuenta que al rebajar sustancialmente el presupuesto de las Fuerzas Armadas, la FAC no tiene fondos para mover sus aviones contra pequeños grupos armados que atacan y después se camuflan en las selvas como campesinos o mineros, a veces como simples desplazados. Es verdad que agentes oficiales hacen lo posible por informarse de esos casos y de perseguir a los elementos de las bandas armadas más peligrosos para evitar que siga la impunidad, sin que tengan mucho éxito puesto que los violentos atacan por la espalda.  Ese juego del gato y el ratón, de no ser cortado de raíz, puede dar al traste con los esfuerzos por obtener la paz.

Se requiere, por lo tanto, redoblar los esfuerzos de la inteligencia militar, mantener una política de acercamiento oficial y colaboración con la población. Lo que no es suficiente de no fortalecer la presencia del Estado en esas zonas y volverlas economías  productivas, integradas por sistemas de comunicación efectivos. Lo mismo que se debe dotar de leyes precisas que atañen al fuero militar a los soldados de Colombia, que hoy padecen la desprotección absoluta, lo que permite que a muchos de los agentes al servicio del Estado que trabajan por la paz y el orden, se les juzgue como criminales, en tanto los agentes de la subversión son premiados por el gobierno.