Varias veces he comentado en El Nuevo Siglo y en algunos foros de corte académico, sobre la evolución de la guerra civil larvada que azota por décadas de sangre y horror a Colombia, así algunos no lo perciban y otros lo nieguen. Lo mismo que muchos de nuestros togados sostienen que la Carta de 1991 es dizque una de las más avanzadas del mundo y se olviden que en algunos aspectos es un plagio de la alemana y la española, lo que no es raro puesto que en ese campo, desde cuando en los Estados Unidos se aprueba la Carta de Filadelfia, producto de una “revolución conservadora” y, más adelante, la francesa, hija de la guillotina y el terror, casi siempre hemos mirado al exterior para forjar nuestras instituciones. Apenas el Libertador Simón Bolívar y estadistas de la talla de Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Álvaro Gómez o Alfonso López Michelsen, arriesgan algunas reflexiones personales, sacadas de su experiencia política y conocimiento de la sociedad colombiana, para legislar.
Algún experto me cuenta, que, en La Habana, el agente comunista Santiago, movió tras bambalinas los hilos de la negociación para conseguir la casi capitulación del Estado colombiano, lo que se le facilita en parte por las debilidades de la Carta de 1991, hasta lograr que, a los antiguos combatientes y terroristas de las Farc, se les tratase como vencedores y se les permitiera ser elegidos sin apoyo popular al Congreso, mientras sus contrarios languidecen en prisión.
Entre las acusaciones contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, está la de ser un férreo enemigo de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, por ser partidario de que retornemos al sistema de la Corte Suprema única, como corresponde a la tradición política colombiana. Yo siempre he sido partidario de lo mismo, no por enemistad con la magistratura colombiana, que en ciertos casos admiro y respeto, sino por cuanto considero que sería el mejor recurso para aplicar la ley y que opere la justicia, así como fortalecería el poder de la magistratura y se evitarían desencuentros entre las cortes, que aprovechan los litigantes para estrujar las normas y abusar de la tutela, como les place.
La Carta de 1991 surgió del “arreglo” con los antiguos subversivos del M-19 y no resultó más revolucionaria por cuanto Álvaro Gómez y otros colombianos partidarios del orden constitucional estuvieron allí, sin ellos esa habría sido la antesala de la revolución, así tenga varias normas positivas y algunas innovaciones convenientes. El hecho evidente, es que pese a copiar al calco varios artículos sobre los derechos humanos de la Carta de la ONU, desde su entrada en vigencia no hemos tenido ni un día de paz. Y bajo su vigencia, asesinan a Álvaro Gómez, que impidió que ese tumulto legislativo derivara en un proceso revolucionario sangriento.
Como advierte Edmund Burke: “Los usurpadores que para destruir antiguas instituciones han destruido los antiguos principios, conservaran el poder por medios parecidos a los que les han servido para adquirirlos”. Además, en este caso por el perdón y olvido a los del M-19, cuando llegue la revolución:” se emulará el crimen preventivo, la confiscación preventiva, las conjuras y asesinatos, y se aplicará esa larga lista de máximas siniestras y sanguinarias que constituye el código político de todo poder que no se fundamenta ni en su propio honor ni en el honor de los que le obedecen”. Los defensores a ultranza de la Carta de 1991 no perciben que el senador Gustavo Petro es un hijo de esa Constitución, que al dejar las armas recibe el pasaporte para proseguir la búsqueda del poder mediante la legalidad.
Como lo destaca Burke: “no es posible valorar la pérdida que proviene de la supresión de antiguas costumbres y reglas de vida. Desde el momento que esta supresión se realiza carecemos de norte para gobernarnos, no podemos saber a qué puerto navegamos”. Se queja de que “estamos demasiado propicios en el estado en que se encuentran, sin considerar con demasiada atención las causas que las han producido y sobre las cuales se sostienen”. Un ejemplo que ilustra la involución a la que hemos retrogradado en Colombia desde 1991, es que hoy Gustavo Petro está en campaña por la presidencia, mientras el expresidente Álvaro Uribe, defensor del orden y del sistema está maniatado en los estrados judiciales. ¡Habráse visto tamaño despropósito!