En tiempos normales de contubernio partidista para repartirse el poder, el centrismo se convierte en norma obligatoria de la política, para facilitar el Frente Nacional pactado por liberales y conservadores, lo que debía ser temporal, para que se cumpliera la sana disputa democrática entre las diversas fuerzas políticas. Más al final ese feliz experimento, que sepulta la feroz contienda de rojos y azules, los antagonismos disminuyen, al punto que Alfonso López Michelsen, (1974-1978) que había irrumpido con el MRL en contra de la política bipartidista, exigiendo un gobierno de izquierda moderada, al reintegrarse al liberalismo y ser candidato oficial de ese partido, en su mandato presidencial gobierna con realismo político al estilo del tan criticado Frente Nacional, dando una gran cuota de poder al sector comandado por Álvaro Gómez Hurtado, en especial en el sector político y minero, dado que tenía un estado mayor de notables figuras políticas, que le dan fortaleza y equilibrio a ese gobierno.
Lo mismo ocurre con el presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1978) en cuya gestión se libra una dura lucha contra la subversión, en la que juegan un papel clave tanto los conservadores, como el general Luis Carlos Camacho Leyva. Hasta ese momento los organismos de control cumplían su misión de velar por los intereses públicos, hasta que se van debilitando en su gestión por cuenta del matrimonio morganático entre los partidos de algunos elementos que desde el Congreso de la República negocian sus votos y apoyos a estos entes estatales hasta favorecer los espasmos de la corrupción.
Sigue en la presidencia Belisario Betancur (1982-1985) quien pretende hacer la paz con los subversivos, obsesión que no entienden éstos que operan desde la clandestinidad, entre otros los del M-19, que malentienden sus propuestas de negociar como una claudicación del gobierno, lo que determina que se produzca el sangriento asalto al Palacio de Justicia, que obliga al gobernante a arriar las banderas de la concordia y la negociación, para apoyarse en los partidos tradicionales y en las Fuerzas Armadas, las que interrumpen las conversaciones con el Jefe de Estado y asumen el ataque contra la subversión por cuenta propia, para, después de liberar el Palacio de Justicia, en vez de dar un golpe de Estado, con romanticismo y disciplina regresar a los cuarteles.
Es de esperar que las agrupaciones subversivas y criminales entiendan la oferta del gobierno de Gustavo Petro, de negociar con todos los grupos, dentro de una condición excepcional que deben operar de manera implacable para todos los grupos, en principio, sin paralizar la tarea de las Fuerzas Armadas, en defensa del orden.
No ayuda a adelantar esa política la indisposición del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de no apoyar la misión de la Fuerzas Armadas en la lucha por defender la soberanía nacional, la vida y las propiedades de los colombianos. Esa deformación intelectual de tan valioso jurista puede costarle al país más muertes y violencia, como parece demostrarlo el aumento de masacres en el presente gobierno. Para no entrar, por ahora, en el análisis de la errática política minera, que de renunciar a la explotación petrolera conduciría al país a una catástrofe social sin precedentes.
No otra cosa es lo que se presenta en los campos con el asalto y las invasiones a las fincas, que denuncia José Félix Lafaurie, en cumplimiento de su deber como ciudadano y presidente de Fedegán. Siendo natural que la sociedad invoque el derecho natural a la legítima defensa.
Por ahora, nos limitamos a mencionar, que por lo que se adelanta en el Congreso de la reforma tributaria, lo que tenemos es un verdadero asalto al bolsillo de los colombianos y la propiedad privada. Quieren acabar con la propiedad privada mediante impuestos confiscatorios. Los legisladores de los partidos tradicionales, en caso de plegarse a la voluntad oficial, estarían abjurando de los principios que dicen representar y cometiendo traición a los mismos. Lo mismo que el alza de la gasolina que subirá el transporte, con incidencia en el incremento de todo lo que se importa y se exporta, como lo que se produce en el país, que, sumado a la inflación y desbarajuste de las finanzas públicas nos conduce como en un tobogán al desastre. Las marchas de protesta de esta semana son apenas una advertencia del descontento generalizado que brota por todas partes y se extiende como espuma.