No son pocas las voces que empiezan a alertar sobre cómo en no pocas ciudades y municipios por la vía de la acción de tutela y de otros mecanismos judiciales las políticas de uso y preservación del espacio público se han ido debilitando a tal punto que está en peligro el derecho al disfrute colectivo de parques, andenes, alamedas, senderos peatonales y otra infinidad de predios que son propiedad del Estado.