Vivimos tiempos calamitosos en los cuales la subversión de los valores  penetra los poros del sistema con  potencia destructora, que atenta contra la tradición jurídica colombiana, el Estado de Derecho y la sociedad en su conjunto. En tanto, los anticuerpos de la sociedad casi que no reaccionan en la función natural de combatir de inmediato los males que aquejan el sistema. La suma de atentados contra la democracia determina que la misma se vuelva inoperante, en tanto se la invoca casi  todos los días con la finalidad de destruirla o ponerla al servicio de intereses nefandos. 

Hizo carrera en el país la consigna oficial según la cual por la paz se podía sacrificar el derecho y el orden. Lo mismo que evitar que las Fuerzas Armadas, que habían conseguido eliminar parte del secretariado de las Farc y que tenían la capacidad de arrasar con el resto de comandantes, lograran una victoria militar definitiva, en momentos en los cuales una parte de los milicianos renunciaba a la lucha o se daban a la fuga, incluso en casos espectaculares en los cuales un subalterno  le cortó la mano a su comandante para reclamar una jugosa recompensa del Gobierno

Los bombardeos tenían a las Farc corriendo por las selvas y a la mayoría de sus jefes en el extranjero. Por fin, la victoria militar estaba madura. Al lograrla, se demostraba de una vez para siempre que los alzados en armas no tenían futuro en el país. Habría sido el más merecido y respetable triunfo militar. Más, bajo la presión de conseguir  el premio  Nobel de Paz, se convirtió en una obsesión el diálogo con la guerrilla.  El Gobierno decidió que era mejor no prolongar el combate y silenciar los tambores de guerra, como lo reconocen los altos mandos militares. Y son numerosos los extranjeros y nacionales que han elogiado la postura pacifista de Juan Manuel Santos.

Para el Gobierno todo estaba permitido con tal de conseguir resultados en La Habana. Eso es historia, los hechos y acuerdos al respecto lo demuestran. Mientras en el país los distintos sectores políticos que observaban el crecimiento desbordado de la anarquía, la corrupción y la debilidad estatal, de cuando en cuando planteaban la necesidad de que las distintas fuerzas políticas de orden llegasen, previamente, a un acuerdo sobre lo fundamental en relación con la paz y el futuro del país. Tema que no interesó a la Casa de Nariño, que prefirió manejar de manera solitaria las negociaciones, dejando por fuera a la oposición e incluso a los conservadores gobiernistas. Se perdió la oportunidad de un gran frente común para negociar, que habría impedido que la misma se convirtiera en una mini constituyente ad hoc, que vino a desquiciar la estructura misma del Estado y que mantiene en vilo el sistema.

Como afirman los tratadistas, la Constitución de 1991 y sus normas han sido desbordadas por la legislación de La Habana y del Colón. Para no ir más lejos, como ya lo hemos planteado, basta observar que se ha pretendido incluirlas en el bloque de constitucionalidad, así como mediante el fast track, los debates a los acuerdos que deben pasar por el Congreso por tratarse de reformas constitucionales se rebajan apenas a cuatro y simbólicos.

Con razón el señor Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha señalado los peligros que se ciernen sobre la Nación por cuenta de parte de los acuerdos y concretamente por los poderes que se le otorgan JEP, que lo llevaría de manera inevitable a chocar con la justicia ordinaria.

Es de recordar que cuando el sistema se corrompe, la moral y el derecho se quebrantan por cuenta de los mismos servidores públicos y en alianza perversa con delincuentes, prevalecen como plagas la inseguridad y la anarquía.

El ejercicio del poder requiere de unas condiciones mínimas de transparencia, como de respeto por el derecho, en particular de los jueces y magistrados que deben dar ejemplo a la sociedad. La cantidad de cortes y de magistraturas que tienen su origen en la Carta de 1991, como en reformas constitucionales posteriores, han multiplicado a tal punto el número de magistrados que los mejores y más respetable se ven desbordados por elementos de dudoso proceder. En el futuro, habrá que ir a una asamblea constitucional para intentar devolverle la majestad al Estado, la magistratura y el derecho, que no se conciben sin justicia.