Las reiteradas declaraciones negando el reclutamiento de menores por parte de la vicepresidenta del Senado Sandra Ramírez, alias ‘Griselda Lobo’, y Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, son desconcertantes. Implican la negación de un delito de lesa humanidad sistemático ampliamente investigado y probado, no solo por las autoridades competentes, como la Fiscalía, la JEP y la CODA, sino por decenas de organismos internacionales o independientes.

Esta negación pública, más allá de indignante para las víctimas y el país, es una violación directa a lo pactado en La Habana. El gran ‘éxito’ de los negociadores del Gobierno fue lograr que estos delincuentes, por no decirles más, se comprometieran a decir al país toda la verdad sobre sus conductas. 

Pero la verdad ha sido negada a todo el país. Sabemos que es así porque la Fiscalía cuenta con 4.219 investigaciones por delitos relacionados con la vinculación y utilización militar de 5.252 niñas, niños y adolescentes. Investigaciones que hoy reposan con el magistrado Iván González, relator del caso 007 de la JEP que trata el “Reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado”. Información de la cual las autoridades han podido determinar que la edad promedio de incorporación a esta organización criminal era de 14 años, aunque aterradoramente hay registro de 910 casos, donde la edad osciló entre los 10 y 14 años. 

Este magistrado de la JEP ha establecido además, con base en testimonios de excombatientes, que niñas de catorce años y adolescentes menores de dieciocho años, eran sistemáticamente violentadas sexualmente el mismo día que ingresaban a las Farc-EP. Además se ha establecido que comandantes como ‘Timochenko’ tenían prioridad para elegir a las nuevas reclutas que querían desflorar. El magistrado igual determinó que en lo que va de su investigación existen 9.000 registros únicos de víctimas de reclutamiento forzado de menores y aclara que podrían llegar a ser, aproximadamente, 15.000 o más. El magistrado González también probó que, en varios casos, los comandantes obligaron a los menores a fusilar compañeros, incluso si eran amigos o cercanos.

La investigación del caso 007 ha avanzado en la medida en que la ‘defensa’ de los victimarios lo permite. El magistrado González enfrentó una recusación que alegaba su falta de imparcialidad y que no podía seguir a cargo de la investigación. La recusación fue negada en la respectiva Sala de Justicia en el Auto TP-SA 420 de 2020. 

¿Curioso no? Quienes reiteran que el reclutamiento de menores es una ‘ficción’, un imaginario de los enemigos de la ‘paz’, impiden que se les investigue.

Frente a la cínica burla a las víctimas de reclutamiento forzado y el engaño a todos los colombianos, se debe aplicar lo estipulado en la Ley 1957 de 2019, ley estatutaria de la JEP, en su artículo 20 Parágrafo 1, que retira los beneficios otorgados y conlleva a una pena privativa de la libertad de hasta 20 años a quien no revele la verdad sobre sus delitos.

¡Solo cuando se cumpla el Acuerdo habrá justicia!