El tema de las niñas enfermas en Carmen de Bolívar ya llamó la atención de medios de prensa internacionales e incluso de programas especializados en documentales e investigación a fondo.

¿Por qué no prosperó en el proyecto de reforma de equilibrio de poderes la propuesta bandera de acabar con la reelección presidencial y en compensación ampliar el período del Jefe de Estado, así como de alcaldes, gobernadores y otros altos funcionarios estatales, a cinco o seis años?

El rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, ha estado auscultando la opinión de magistrados, políticos, funcionarios públicos y académicos en torno de la estructura del Estado colombiano y sus falencias.

Siempre al comienzo de los gobiernos, al menos de los cuatro últimos, uno de los temas más recurrentes ha sido qué va a pasar con el viejo pulso por tener en Colombia un tercer canal privado de televisión en nivel nacional. Como se sabe, en el segundo mandato de Uribe y el primero de Santoshubo sendos procesos para montarle competencia a RCN y Caracol, pero por distintas circunstancias de orden legal, contractual y hasta por consideraciones de coyuntura política, esa posibilidad quedó trunca.

Un veterano senador le dijo el fin de semana a un periodista de EL NUEVO SIGLO que a la par de las reformas que se piensan introducir al mecanismo de moción de censura, para hacerlo más expedito, también se proyecte la posibilidad de crear un instrumento que le permita al Congreso emitir una moción de respaldo o confianza a un ministro cuando su gestión se haga merecedora a esa clase de apoyos o incluso cuando sea objeto de ataques o críticas injustas.

El arranque del noveno mes del año marca el inicio de la cuenta regresiva para varios temas políticos. En primer lugar, sólo restan tres meses y medio para que el Congreso pueda aprobar, en primera vuelta, el proyecto de reforma política que presentará en pocos días el Gobierno y que va dirigido a un ajuste de fondo al sistema de pesos y contrapesos institucionales y el reequilibrio de poderes.

En los corrillos políticos y gubernamentales se dan como seguros una serie de nombramientos y traslados que serán anunciados la próxima semana por el presidente Santos o los ministros de las respectivas áreas. Por ejemplo, se asegura que el actual director del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias, pasará a ser el nuevo
 
 
¿Se va el Registrador?

No son pocos los congresistas que consideran que al Gobierno se le puede estar haciendo tarde para la presentación del proyecto de reforma política y judicial, que incluirá, entre otros aspectos, cambios en nivel constitucional para recuperar el equilibrio de poderes. Se afirma que si la respectiva iniciativa, que por ser acto legislativo requiere ocho debates en dos tramos de legislaturas distintos, entonces los tiempos para los primeros cuatro empiezan a apretarse a partir de la segunda quincena de septiembre, ya que deben surtirse en menos de tres meses.

El debate sobre los hechos que rodearon la campaña presidencial fue, sin duda alguna, el bautizo de fuego de la bancada uribista en la plenaria del Senado. Un periodista de EL NUEVO SIGLO habló ayer con una muy alta fuente uribista sobre las conclusiones de ese debate y dio tres elementos como los principales. “… Primero, fue claro que la Unidad Nacional se nos vino encima y que tenían armada la estrategia para tratar de replicar nuestras acusaciones sobre voto obligado y manejo político de la pauta estatal.

Aunque de lado y lado se afirma públicamente que no hay resquemor, lo cierto es que las relaciones entre el presidente Santos y el expresidente César Gaviria no quedaron en su mejor momento después de todo el rifirrafe alrededor de la elección de Edgardo Maya como Contralor General.

La creación de cuatro ministerios que dependerán de la estructura administrativa de la Casa de Nariño ha generado varias dudas en el Congreso en donde se prepara un debate al respecto.

La semana pasada en esta Sección se hizo un panorama del trasegar de la ley estatutaria para poder convocar el llamado “referendo por la paz”, mediante el cual la ciudadanía sería la encargada de votar Sí o No a los acuerdos de paz que se firmen eventualmente con las guerrillas. Se dijo que la iniciativa se radicó un año atrás, que fue aprobada en noviembre pasado y se envió a la Corte Constitucional para el respectivo análisis de exequibilidad.