La próxima semana debe arrancar la discusión en la Comisión I del Senado la ponencia del proyecto de reforma al sistema de equilibrio de poderes. Hasta el momento se sabe que hay un amplio menú de cambios a la iniciativa por parte de los distintos partidos e integrantes de esa célula legislativa.
Los ecos del debate sobre los presuntos nexos del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo seguían escuchándose ayer. Los más sonoros fueron los relacionados con las reacciones encontradas de la opinión pública frente a lo que algunos consideraron un “espectáculo bochornoso” y otros “un repaso por las violencias cruzadas” que han azotado a Colombia.
Para nadie es un secreto que a los gobernadores y alcaldes no les gustó para nada que, de un momento a otro, dos de sus aspiraciones más sentidas en los últimos años se archivaran de forma casi simultánea: se da por sentado que el Congreso anulará la reelección presidencial (mediata o inmediata), prohibición que se aplicará también a departamentos y municipios.
No calan en el Gobierno las tesis de algunos empresarios en torno a que la propuesta para ampliar el impuesto al patrimonio y mantener el 4 por mil podría afectar el clima de inversión y el nivel de confianza en la estabilidad jurídica.
Uno de los ponentes de la reforma de equilibrio de poderes habló, off the record, con varios de los periodistas que cubren la información del Congreso alrededor de los intríngulis de esta primera semana de análisis de la iniciativa. En primer lugar dijo que el mayor enemigo de las reformas constitucionales eran los “congresistas con ideas creativas” que creen que estos proyectos son como arbolitos de navidad a los que se les puede colgar cuanto artículo salga a la palestra.
La próxima semana se cumple un año del momento en que los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobaron la Hoja de Ruta para la adhesión de Colombia a dicha organización. Se inició así un proceso formal de acceso que implicó desde entonces el trabajo conjunto de diferentes instancias del Gobierno con los Comités de la OCDE.
El debate al proyecto de ley que propone una rebaja de una quinta de parte de la pena a los condenados por la justicia, aunque con algunas excepciones, impactó en la plenaria del Senado el miércoles en la noche.
Un verdadero alud de peticiones será el que la semana entrante se escuche en el marco de la sesión que la Comisión IV del Senado tiene previsto realizar en Barranquilla.
Caló en los analistas económicos la afirmación el lunes pasado del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en torno de que por el momento el Gobierno no está considerando la posibilidad de vender otro 10 por ciento de la estatal Ecopetrol, puesto que la empresa se encontraba en un importante proceso de expansión de operaciones a nivel nacional e internacional, y lo mejor es esperar a que se den los resultados esperados.
Son muchas las especulaciones que se vienen haciendo respecto a qué pasaría si el Consejo de Estado tumba el decreto que el Gobierno expidió en junio de 2012 para citar a sesiones extraordinarias al Congreso con el fin de tramitar las objeciones del Presidente de la República al polémico proyecto de reforma a la justicia al que en la instancia de conciliación entre lo aprobado en las plenarias de Senado y Cámara le colgaron varios ‘micos’ que hacían muy peligroso para la transparencia institucional su entra
Esta semana se cumple un año de que el gobierno Santos diera a conocer su estrategia para hacer frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que le cercenó a Colombia más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia. Como se recuerda fueron cuatro las bases de esa estrategia: 1.Colombia decidió que el fallo no es aplicable sin un tratado. 2.