En los pasillos del Congreso hay quienes consideran que la crisis en la frontera colombo-venezolana va a golpear fuertemente a los candidatos de opinión o independientes en las grandes ciudades e incluso a nivel de gobernaciones.
Para nadie resulta un secreto que las relaciones entre el Gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá son como una montaña rusa. Una semana se dan sorpresivas coordinaciones entre entidades y altos funcionarios de los dos ámbitos, y otras los choques son el pan de cada día, no sólo desde el punto de vista de obras y proyectos, sino en los asuntos ideológicos.
Hace un año que el contralor Edgardo Maya se posesionó ante el presidente Santos. Como se recuerda, su elección generó algunos roces entre la Casa de Nariño y el partido Liberal, ya que mientras fue claro que el Gobierno le dio su ‘guiño’ al exprocurador, las toldas rojas, por entonces bajo el comando del expresidente César Gaviria (quien había sido clave en el triunfo de la reelección en la segunda vuelta presidencial apenas dos meses atrás) tenía como candidato a Gilberto Rondón.
Se espera, tras los anuncios de las Farc y el Gobierno días atrás, que antes de terminar este mes se esté oficializando en La Habana el acuerdo sobre el punto cinco, referido a las Víctimas, así como el primer borrador del consenso sobre el modelo de justicia transicional a aplicarle a los subversivos.
No es la primera vez que Eduardo Montealegre contempla la posibilidad de denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. Ya en el Gobierno Uribe el exmagistrado de la Corte Constitucional había sido encargado de analizar la posibilidad de interponer una causa contra el entonces presidente Hugo Chávez y varios de sus altos funcionarios por su presunta complicidad con las Farc, considerada, en ese entonces y hoy todavía, como grupo terrorista responsable de múltiples delitos de lesa humanidad.
Tras la derrota sufrida por Colombia en el Consejo Permanente de la OEA, el lunes pasado, en donde no se lograron los votos suficientes para convocar una cumbre extraordinaria de cancilleres que analizara el tema de la crisis fronteriza con Venezuela, son muchos los análisis hechos sobre la causa del traspié diplomático. Por ejemplo, se especuló respecto a qué habría hecho Cuba si ya hubiera reingresado plenamente al ente continental y recuperado, como Estado miembro, todo su derecho a voz y voto.
En las toldas del Centro Democrático hay quienes consideran que no es bueno que varios de sus dirigentes estén anunciando a los medios de comunicación metas mínimas sobre el número de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y hasta ediles que esa colectividad debería lograr en los comicios del 25 de octubre. “…Así suene burdo decirlo, no hay que dar tanta papaya ni tan seguido”, dijo un alto cargo del uribismo cuando un periodista de EL NUEVO SIGLO le interrog&oacut
En los pasillos del Senado y la Cámara se dice que pasado ya mes y diez días de la instalación de la segunda legislatura, es poco el trabajo que se ha realizado en las comisiones y las plenarias. Si bien hay una gran cantidad de proyectos radicados, la mayoría de origen parlamentario, las discusiones no han arrancado en forma. Por lo mismo se estaría impulsando un acuerdo entre las distintas bancadas con el fin de definir una lista de prioridades legislativas para septiembre y la primera semana de octubre.
Esta semana se completó un año de la designación del entonces Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Javier Alberto Flórez, al frente de lo que entonces el presidente Santos calificó como el “nuevo Comando de Transición” cuya misión sería encargarse “de todo el proceso que nos va a exigir muchos esfuerzos para ir de la guerra a la paz, del conflicto al posconflicto”. La designación, como se recuerda, tuvo muchas críticas de varios sectores, como el uri
La Rama Judicial comenzó esta semana la tarea de recoger más de tres millones de firmas con el fin de promover un referendo derogatorio de la reforma de equilibrio de poderes, aprobada en junio pasado por el Congreso. Pues bien, así como hay magistrados y trabajadores de la Rama que consideran que debe apoyarse esta iniciativa a toda costa, otros consideran que se trata de una jugada tardía.
En muy pocas semanas el Gobierno ha tenido que insistir a tirios y troyanos que no está de acuerdo con la idea de una constituyente para acelerar la implementación de los acuerdos de paz a que se pueda llegar con las Farc. Incluso, según conoció EL NUEVO SIGLO, un alto funcionario gubernamental le dijo a un grupo de parlamentarios que la decisión del Jefe de Estado al respecto era tan categórica que incluso podría escribirla en piedra y dejar la respectiva placa en el Congreso.
Varios de los congresistas de la Unidad Nacional han pedido al Gobierno que el día en que se entregue la última de las 100 mil casas gratis prometidas en esta primera fase, literalmente la Casa de Nariño, como se dice popularmente, “lance la casa por la ventana”. No hay que olvidar que el uribismo y el Polo le han dado mucho palo al programa, afirmando que las cifras que presentaba el Ministerio de Vivienda eran confusas o mezclaban peras con manzanas.