Cada vez toma más fuerza en los mercados financieros la posibilidad de un alza de las tasas de interés por parte del Banco de la República, en su reunión del próximo 27 de noviembre. Aunque varios analistas consideran que ese incremento solo se daría a finales de diciembre, otros indican que será en la última semana de este mes cuando la Junta Directiva del Emisor procederá a otro incremento de 0,25 por ciento. Con ello las tasas de intervención quedarían en 5,50 por ciento.
En el Senado cada día son más las voces que consideran que en la bancada uribista se están notando cada día más que hay bloques o corrientes ideológicas, unas más radicales y otras de tono y argumentos más moderados. Si bien el expresidente y senador Álvaro Uribe mantiene un dominio sobre los criterios de sus copartidarios, hay momentos en que las discusiones internas lo desesperan a tal punto que ‘tira la toalla’ y les da cierto margen de libertad para votar o pronunciarse cada quien por su lado.
En los pasillos de la Corte Constitucional se asegura que las reacciones contra el fallo que autorizó la adopción por parte de parejas compuestas por personas del mismo sexo se están desbordando, como se ha evidenciado en las redes sociales en donde las críticas, insultos y acusaciones infundadas a los magistrados son bastantes agresivas.
Una de las principales metas gubernamentales este año tiene que ver con el nivel de ejecución presupuestal. El propio presidente Santos dijo días atrás que a octubre la ejecución ya iba en el 69% y que 14 de los 24 sectores oficiales estaban ya superando sus mejores porcentajes de los últimos 15 años.
La salud de la coalición de Unidad Nacional está “a medias”. Al menos esa fue la respuesta que dio uno de los senadores más influyentes de La U al ser consultado sobre cómo estaba la alianza parlamentaria pasado ya un poco el ‘guayabo’ dejado por los resultados electorales del 25 de octubre.
¿Por qué La U no acompañó en bloque la elección la semana pasada por parte de la plenaria del Senado del magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Hay tres teorías según se dice en los corrillos políticos parlamentarios.
Pese a las diferencias entre los gobiernos Maduro y Santos, hay coincidencias paradójicas en sus respectivos programas de gobierno. Por ejemplo, mientras que en Colombia se espera entregar en menos de dos semanas la casa gratis número 100 mil, precisamente en el corregimiento El Salado (Bolívar), en Venezuela la urgencia del presidente Maduro es llegar al millón de casas subsidiadas entregadas. Ya va en 800 mil y el jueves pasado dijo que si a diciembre 31 no ha completado el millón de estas viviendas, se quita el bigote.
A la decisión de la Contraloría General de investigar el destino que les dieron las termoeléctricas a los 14 billones de pesos girados en la última década por concepto de “cargo de confiabilidad”, le están surgiendo muchos interrogantes.
A la decisión de la Contraloría General de investigar el destino que les dieron las termoeléctricas a los 14 billones de pesos girados en la última década por concepto de “cargo de confiabilidad”, le están surgiendo muchos interrogantes.
En varios sectores del país se está esperando que el ministro de las TIC, David Luna, dé a conocer los nuevos ajustes que se harán al servicio de telefonía celular para mejorar el servicio. Como se recuerda, semanas atrás el propio presidente Santos se quejó de los problemas de comunicación en la avenida 26 rumbo al aeropuerto Eldorado y conminó al titular de la cartera para que tomara medidas al respecto.
¿Por qué el presidente Satos no quiere reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro? Esa es la pregunta que se hacen varios sectores políticos colombianos al ser evidente que Bogotá no quiere ninguna cumbre con Caracas de alto nivel, por lo menos no antes de la elecciones parlamentarias del seis de diciembre en el vecino país. Se dice que Maduro quiere utilizar la reunión con Santos con un claro objetivo electoral para evidenciar que las relaciones entre Bogotá y Caracas comienzan a normalizarse.
Las asociaciones de usuarios de los servicios públicos están estudiando la posibilidad de enviar una carta abierta al Congreso quejándose del papel pasivo que están jugando el Senado y la Cámara en medio de la polémica por el aumento de tarifas de energía para salvar de la quiebra a las termoeléctricas.