No están muy contentos en las toldas liberales con los sonajeros que ya empezaron a escucharse sobre los cambios ministeriales que, como lo adelantara hace semanas esta Sección, sólo se darían en febrero o marzo.
No pocos dirigentes y congresistas siguen considerando que las relaciones al interior de la Unidad Nacional son cada día más tensas y que le corresponde al presidente Juan Manuel Santos tomar cartas sobre el asunto para evitar que las fisuras políticas y electorales evolucionen hacia una posible fractura irreversible en la coalición.
Un atinado observador político recordaba que hace un año el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc se encontraba en plena crisis debido a que la guerrilla había secuestrado a mediados de noviembre al general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cuando arribó, vía fluvial, de civil y sin escoltas a un corregimiento en cercanías de Quibdó. La guerrilla también había secuestrado a dos soldados en Arauca.
¿Por qué este partido decidió el pasado jueves, por intermedio de su copresidente, el senador Roy Barreras, salir a criticar públicamente al gobierno Santos? Esa pregunta ha tenido múltiples respuestas. Según algunos congresistas la actitud de La U se debe a que esa colectividad no tiene cartera con “chequera”, a diferencia de Cambio Radical, con el vicepresidente Germán Vargas Lleras manejando toda la política de infraestructura, o del Partido Liberal, con Rafael Pardo al frente del fondo para el posconflicto.
En los pasillos del Congreso se afirma que desde la Casa de Nariño hay inquietud respecto a las críticas hechas sobre el umbral para el llamado “plebiscito por la paz”.
La posesión de Rafael Pardo como Ministro para el Posconflicto fue leída por algunos sectores políticos y análisis periodísticos como un ‘equilibrio’ en materia de “chequeras” entre el liberalismo y Cambio Radical. Como se sabe Pardo será el encargado de manejar el nuevo súper fondo de donaciones internacionales para el posconflicto, que ya cuenta con promesas de aportes de 750 millones de dólares pero podría llegar, según las previsiones del Gobierno, a 3.000 millones de dólares si ll
En el Congreso hay varias voces que consideran que llegó la hora de ponerles freno a algunos ministros que siguen esquivando las citaciones a comisiones y plenarias de Senado y Cámara. Se dice que ya entre los parlamentarios de todas las bancadas hay una especie de ‘top’ con los integrantes del gabinete más incumplidos o con mayor número de excusas para no comparecer en el Congreso.
A raíz de la nota publicada ayer por EL NUEVO SIGLO en torno de la posible competencia que le saldría a Óscar Iván Zuluaga de cara a los comicios presidenciales de 2018, algunos dirigentes del Centro Democrático indicaron que quedaron faltando nombres, adicionales a los mencionados de Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos y dos o tres de los congresistas que han tenido un desempeño más notorio.
Hay incertidumbre en las toldas conservadoras frente a los rumores que empiezan a circular en los corrillos políticos en torno de que la bancada de ese partido en el Senado y la Cámara empezaría a maniobrar para evitar la acusación y posterior desafuero del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt.
Al cumplirse tres años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que cercenó a Colombia más de 78 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia, varios sectores de la población de la isla se preguntaban al cierre de la semana si no ha faltado una mayor vigilancia de la Casa de Nariño sobre el nivel de cumplimiento del plan de choque de inversión social lanzado por el Gobierno tras la lesiva sentencia.
Esa fue la pregunta que se hacían ayer en los pasillos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia alrededor de la revisión, en Sala de Casación, de la sentencia que condenó al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por casos de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Todo hacía indicar que el fallo que revocaría la sentencia condenatoria y absolvería, en consecuencia, al alto oficial estaba casi listo y que sólo faltaban algunas puntadas finales.
“Cuál, el de la Registraduría o el real”. Esa fue la respuesta que un veterano congresista le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le consultó en torno de si la polémica por presuntos roces entre el Presidente y el Vicepresidente era un coletazo por el nuevo mapa político derivado de los pasados comicios regionales y locales.