En la reunión esta semana de la bancada de La U se podrían sacar los parlamentarios, como se dice popularmente, “más de un trapito al sol”.

¿Terciará el Partido Liberal para que el cargo de Defensor del Pueblo continúe en cabeza de uno de los suyos?  Esa es la pregunta que el viernes circulaba en varios corrillos políticos, luego de que algunos parlamentarios de esa colectividad indicaran que tras el escándalo que forzó la renuncia de Jorge Armando Otálora no era “políticamente correcto” que las toldas rojas se asomaran por la Casa de Nariño tratando de buscar algún guiño presidencial para que uno o más liberales pudieran hacen

No se reportó, tras la reunión el miércoles en Quito, entre los presidente Juan  Manuel Santos y Nicolás Maduro un avance definitivo hacia el desbloqueo fronterizo, luego de cinco meses de cierre de la mayoría de pasos limítrofes por parte de Caracas. No se ve solución a la vista pese a que el gobierno Maduro está siendo presionado por la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, para que levante el cierre, que incluso considera ilegal porque ya perdieron vigencia los decretos que lo ordenaban.

En La U hay quienes consideran que la colectividad no debe dejarse desplazar como “partido de gobierno”. La referencia se hace en relación a algunos pronunciamientos de congresistas liberales que últimamente han reiterado que esa facción política se ha convertido en el principal soporte de la administración Santos.

Todo hace indicar que el Gobierno ya decidió que presentará en el segundo semestre el proyecto de reforma tributaria estructural. No sólo así lo ha insinuado el Ministro de Hacienda sino también lo aseguran varios dirigentes gremiales, según los cuales la determinación de proceder al ajuste en positivo ya estaría tomada y altos voceros gubernamentales así se los habrían confirmado en los últimos días.

Son varias las conclusiones que se han podido conocer de la reunión de dirigentes de izquierda que se llevó a cabo la semana pasada en la capital del país. Según trascendió, si bien es cierto que hay certeza en torno a que la izquierda está atravesando por una crisis de representación política, no se considera que eso implique también una crisis ideológica.

Aunque varias veces se ha anunciado lo mismo, parece que ahora sí es inminente que el Gobierno y el Eln  oficialicen la instalación de una mesa formal de negociación.

Para el Gobierno es claro que la coalición tiene fecha de caducidad y que los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional ya están empezando a posicionarse  frente a las presidenciales de 2018. Y ello necesariamente implicará un distanciamiento en algunos puntos específicos de la agenda política y legislativa de la Casa de Nariño.

Ya está definido que el Congreso será convocado para sesiones extras el próximo 16 de febrero con el fin de discutir la reforma a la Ley de Orden Público para posibilitar la creación de las llamadas “zonas de concentración” de las Farc, elemento clave para un cese el fuego y de hostilidades bilateral con la guerrilla.

Todo hace indicar que al interior del Partido Liberal continúan las tensiones debido a que algunos parlamentarios consideran que el Gobierno habría maniobrado para convencer a varios senadores y representantes de bajarle el tono a la oposición a la venta de Isagen. Incluso el propio Horacio Serpa, codirector de la colectividad, tuvo que salir a desmentir que la Casa de Nariño lo hubiera llamado con ese fin.

En los corrillos políticos uno de los hechos más comentados es la alusión que hiciera el cabecilla de las Farc, alias ‘Pablo Catatumbo’, en torno a que el expresidente César Gaviria tendría que ir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a explicar por qué, presuntamente,  su gobierno se alió con el llamado grupo de los “Pepes”, al comienzo de la década de los noventa, para acabar con Pablo Escobar, el temido capo del Cartel de Medellín.  Los “Pepes”, como se sabe, estaban conf

La regulación del sector transporte va a tener un año muy movido. De un lado ya están en proceso de revisión los ajustes que hizo el ministerio del ramo a la tabla de avalúos de los automotores, que según gremios como Asopartes podrían implicar aumentos muy significativos en el impuesto anual de los automotores.