La confirmación, el martes en la noche, por parte del propio presidente Juan Manuel Santos de que irá hoy a la Corte Constitucional para defender, personalmente, la convocatoria a un plebiscito por la paz, sorprendió a más de uno que, tras esa noticia, buscó si había chance de también poder participar en la audiencia pública en el Alto Tribunal. Sin embargo, ya era imposible pues los turnos para intervenir estaban copados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA está analizando el último decreto del presidente Nicolás Maduro mediante el que declaró el estado de excepción en ese país, la semana pasada, norma que ya fue declarada exequible por el Tribunal Supremo Constitucional, instancia que la oposición considera como un apéndice del oficialismo al tratar de darle visos de legalidad a medidas abiertamente autoritarias y violatorias del estado de derecho en la vecina nación.
No están muy optimistas en el alto gobierno respecto a la suerte que pueda correr en la Corte Constitucional la llamada reforma al equilibrio de poderes, que ya tiene una primera ponencia en la que se deja sin piso figuras como las del Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión Especial de Disciplina Judicial, organismos que entrarían a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura.
La Administración Distrital de Bogotá prepara el que podría ser el más grande apretón a los parqueaderos públicos, desde que se aprobó el cobro por minutos.
Los voceros de algunas bancadas de la Cámara de Representantes han dejado entrever que no se le introducirían mayores cambios al texto del proyecto de acto legislativo para la paz que fue aprobado esta semana en séptimo debate y que tendrá su última discusión en la plenaria de esa Corporación. “…Hay muchas reservas y exigencias de precisiones que los parlamentarios quieren hacer, pero el Gobierno ha dicho que cualquier cambio de fondo en el articulado llevaría a tener que reabrir la negociación del punto de &l
Fueron varias las conclusiones que dejó el debate en la Comisión Primera de la Cámara al llamado “acto legislativo para la paz”, que no solo contiene los mecanismos de implementación de un eventual acuerdo final con las Farc, sino también un nuevo artículo que ordena que el pacto se eleve al estatus de “acuerdo especial” a la luz del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, al tiempo que abre paso a su inserción en el bloque de constitucionalidad colombiano.
Como “cortina de humo” calificó un congresista de la coalición santista la propuesta del partido Liberal en torno a que se permita que los jóvenes entre 14 y 18 años puedan asistir a las urnas para participar en el plebiscito por la paz, así sus votos no puedan ser contabilizados oficialmente.
En las altas Cortes y entre varios exmagistrados llamó mucho la atención el concepto que rindió la viceprocuradora María Isabel Castañeda ante la Corte Constitucional. Sin duda es sui géneris que en un mismo concepto el Ministerio Público tenga dos posturas distintas.
En la Casa de Nariño sostienen que al presidente Santos ya se le acabó la paciencia frente a los ataques incesantes del expresidente Álvaro Uribe, y que las duras críticas que el mandatario le hizo a su antecesor el sábado pasado, en el marco de la asamblea extraordinaria liberal, pone en evidencia que el “karma de no pelear con Uribe”, que tanto enarboló el Jefe de Estado durante gran parte de sus seis años de gobierno, ya es cosa del pasado, Así las cosas, en adelante la constante del Primer Mandatario será respond
En medio de la polémica entre la Alcaldía y la bancada de Bogotá volvió a ponerse sobre el tapete la posibilidad de que se reforme el sistema de circunscripciones electorales en el Congreso, con el fin de volver parcial o totalmente a la figura de la senatoria regional.
La “resistencia civil” a que está convocando el uribismo para oponerse al proceso de paz, ha tenido muchas interpretaciones. Una de ellas, poco explicada por analistas y dirigentes políticos, va en la dirección de que se podría traducir ese llamado en que el día en que se cite a los colombianos a votar un eventual plebiscito por la paz, quienes se opongan a lo negociado con las Farc puedan introducir una papeleta en la que se deje en claro que no están de acuerdo con el mecanismo de refrendación.