Reducir la congestión, expresada en miles de procesos represados, es una de las principales razones de la reforma a la justicia, que seguramente será aprobada esta semana por la plenaria de la Cámara.
Sin embargo las cifras que maneja el Gobierno no corresponden a la realidad, señaló la juez María del Pilar Arango, directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia.