El caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puso en discusión las facultades que tiene el Procurador General para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular.
Sin embargo, la Carta Política también faculta al Contralor General para solicitar la suspensión de funcionarios elegidos en las urnas, de encontrarlos responsables en procesos de responsabilidad fiscal.
Sin embargo, la Carta Política también faculta al Contralor General para solicitar la suspensión de funcionarios elegidos en las urnas, de encontrarlos responsables en procesos de responsabilidad fiscal.